La Comisión europea ha confirmado que respeta las decisiones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo y afirma que no considera que haya base jurídica suficiente para lanzar un procedimiento de infracción por las modificaciones a los programas de apoyo que se han producido en España.

Sin embargo, la Comisión sí subraya el impacto muy negativo en la confianza de los inversores. En este sentido, desde la Comisión europea se recuerda que el Ejecutivo comunitario defiende en sus orientaciones para que los Gobiernos diseñen los nuevos regímenes de apoyo que «deberían evitarse» los «cambios retroactivos o no anunciados».

El marco regulatorio europeo sobre energías renovables da a los Estados miembro el derecho de discreción en cuanto a cómo diseñar y planificar los planes de apoyo; si bien exige el respeto del “objetivo nacional de consumo de renovables» en 2020.